El despido objetivo por causas económicas: qué es y cómo impugnarlo

Despido objetivo causas económicas

En España, los despidos pueden ser objetivos, colectivos y disciplinarios. Y dentro de los objetivos, se encuentran los despidos que tienen su origen en una circunstancia económica de la empresa.

Descubre en qué casos se puede producir un despido objetivo por causas económicas y cómo se puede recurrir este tipo de despido.

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¿En qué consiste el despido objetivo por causas económicas?

Como se desprende de su propio nombre, el despido por causas económicas es una modalidad de despido objetivo, conforme al artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, y que se puede producir en los casos previstos en el artículo 51.1 de la misma ley. Los despidos objetivos son siempre por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

En concreto, un despido por causas económicas puede basarse en que la empresa está pasando por una mala situación económica. La ley pone como ejemplos la existencia de pérdidas actuales o previstas, y también la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.

También especifica la norma que se entenderá siempre que la disminución es persistente cuando durante 3 meses consecutivos, el nivel de ingresos ordinarios o venta de cada trimestre sea inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Así pues, cuando el despido esté basado en causas económicas, y al tratarse de un despido basado en causas objetivas, el trabajador tendrá que ser notificado con al menos 15 días de antelación a la fecha de efectos del despido.

Además, tendrá que recibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por cada año de servicio en la empresa, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año y con un tope de 12 mensualidades. Por supuesto, tendrá derecho a finiquito también, ya que este corresponde en cualquier tipo de despido, incluyendo el disciplinario.

¿Cómo se impugna el despido objetivo por causas económicas?

En caso de haber sido despedido por causas económicas, el trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles para impugnar el despido. El plazo no comenzará a correr el día de la notificación, sino aquel que empieza a tener efectos el despido.

El primer paso para impugnar es presentar una papeleta de conciliación ante el servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la comunidad autónoma . En función de la región de la que se trate, este organismo puede recibir un nombre distinto.

Se celebrará un acto de conciliación que puede terminar con distintos resultados:

  • Con avenencia, si hay acuerdo entre el empleador y el trabajador.
  • Sin avenencia, en caso de que no exista acuerdo.
  • Intentada sin efecto, si el empresario o el representante de la empresa no se presenta, sin justificación.
  • No presentada, cuando sea el trabajador quien no haya asistido, injustificadamente.
  • Desistimiento, si el trabajador decide retirar la papeleta o retirarse del procedimiento.

En caso de que el resultado sea sin avenencia o intentada sin efecto, el siguiente paso es presentar una demanda por despido improcedente en el juzgado de lo social. Para ello, se contará con los días del plazo de 20 días hábiles que no se agotaran entre el día de efectos del despido y aquel en que se presentó la papeleta de conciliación.

Será competente el juzgado de lo social correspondiente al lugar en el que el trabajador estuviera prestando sus servicios, o bien el de su domicilio, a su elección. La forma de la demanda y su contenido se regulan en el artículo 80 de la Ley de Jurisdicción Social.

El letrado de la administración de justicia intentará la conciliación de las partes. Si esta no es posible, se celebrará un juicio ordinario, donde se resolverá sobre las cuestiones previas, el demandante ratificará o ampliará su demanda y el demandado contestará. Tras la práctica de la prueba, y antes de que se formulen las conclusiones, salvo oposición, el juez o tribunal podrá suscitar la posibilidad de lograr un acuerdo. Si este no es posible, el juicio seguirá su curso.

Finalmente, se dictará sentencia, donde se podrá declarar que el despido es procedente o improcedente. La improcedencia puede ser debida a que se considere probado que no existieron las causas alegadas por el despido o que no se cumplieron los requisitos del despido objetivo (salvo la falta de preaviso, que se podrá compensar abonando tantos días de salario como días de preaviso no se hayan respetado).

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